Exigen cancelación del proyecto hidroeléctrico El Naranjal

En un documento del colectivo se explica que la empresa privada Agroetanol de Veracruz S.R.L. de C.V. promueve el proyecto de presa hidroeléctrica El Naranjal, con el fin de producir energía eléctrica, sin embargo afectaría a los municipios de Fortín de las Flores, Ixtaczoquitlán, Amatlán de los Reyes, Cuichapa, Naranjal, Coetzala, Omealca y Yanga, en el centro de la entidad.

El informe sostienen que de acuerdo a especialistas de la Universidad Iberoamericana de Puebla, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad A.C y Gestión y Asesoría Ambiental (GEAA), el proyecto afectaría gravemente las condiciones de vida de la zona.
 
En conferencia de prensa y a nombre del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, Sebastián Altamira solicitó la cancelación definitiva del Proyecto Hidroeléctrico El Naranjal; la intervención del Gobierno del Estado de Veracruz, para que vía diálogo político sea atendida la demanda así como el cese de hostigamientos, fraudes y manipulaciones a los dueños de los predios para forzar la venta por parte de la empresa Agroetanol de Veracruz y cualquier otra Empresa involucrada.
 
El caso, señala el colectivo, se presentó ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que tienen como función garantizar un espacio de visibilidad, toma de palabra y juicio en relación con las violaciones masivas a los derechos de los pueblos, a los derechos humanos, individuales y colectivos y a las prácticas que generan impunidad que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional.
 
Asimismo se denunció que los impactos sociales y ambientales, han sido minimizados en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que en su momento presentó la empresa.
 
Entre las omisiones más importantes del proyecto están que no evalúa la disponibilidad de agua que sería reducida a la población que habita abajo de la presa y las afectaciones al ecosistema, por otorgarse una concesión para uso exclusivo de una empresa con fines de lucro, que desviaría el curso natural del río.
 
El impacto de la desviación del caudal de las aguas contaminadas del río Blanco, a través del canal a cielo abierto y en la recarga de los mantos acuíferos; la afectación de las comunidades y espacios productivos que serían divididos por el canal que conduce aguas contaminadas del río citado, así como la destrucción de espacios de importancia simbólica y espiritual.
 
No toma en cuenta los riesgos por inundaciones ante derrames de la represa y tanques de regulación y los impactos en el uso del territorio y reconversión productiva de la región, ante las obras y proyectos propuestos.
 
En la preaudiencia se recalcó que la empresa privada promotora del proyecto, con el aval del gobierno federal y estatal, ha violentado los derechos humanos de la población local, al no informar sus intenciones de realización de la obra en su territorio, es decir, el derecho a la información.