Informe que presenta Pedro Arrojo, el Relator Especial sobre los derechos al agua potable y saneamiento, a la Asamblea General de la ONU
Resumen
El agua debe considerarse un bien público y debe gestionarse de forma que se garanticen los derechos humanos al agua y al saneamiento y la sostenibilidad de los ecosistemas de agua dulce. Sin embargo, la mercantilización del agua prioriza los intereses comerciales y conduce a una progresiva apropiación privada que pone en peligro la función y el valor del agua como recurso que sustenta la vida, los derechos humanos y el interés público. La creciente financierización de la economía está conduciendo a la gestión del agua como un activo financiero. Un ejemplo preocupante es el reciente ingreso del agua en los mercados de futuros, donde reina la lógica especulativa. La experiencia de la gestión de los alimentos en los mercados de futuros demuestra la frecuente aparición de picos y burbujas especulativas y de la volatilidad de los precios, con consecuencias catastróficas para los más pobres. Si la dinámica especulativa de los mercados de futuros repercutiera en el precio del agua en los mercados del agua en el territorio, como ocurrió con los alimentos, los costos repercutirían en forma de tarifas de agua y saneamiento, aumentando el riesgo de faltas de pago y de cortes de agua para los más empobrecidos. A pesar de estos impactos previsibles, la mercantilización del agua y la especulación se sugieren como formas de gestionar mejor la escasez de agua y se presentan como una herramienta para hacer frente a su escasez y sequía debida al cambio climático. En este contexto, el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento propone el desarrollo de una gobernanza democrática del agua desde una perspectiva sostenible basada en los derechos humanos y la aplicación de estrategias participativas de adaptación al cambio climático en lugar de promover la mercantilización y la especulación financiera asociadas con el agua.